La investigación del Ministerio Público en el caso SENASA reveló que múltiples afiliados del régimen subsidiado fueron sometidos a estudios médicos de alto riesgo sin justificación clínica, como parte del esquema de fraude que permitió la extracción de fondos públicos mediante facturación fraudulenta.
Entre los procedimientos detectados figuran angiografías, cateterismos y tomografías especializadas, realizados a pacientes que no presentaban síntomas ni condiciones médicas que justificaran dichos estudios. En algunos casos, se utilizaban identidades de afiliados reales para simular diagnósticos graves y autorizar servicios costosos.
El expediente detalla que esta práctica era utilizada por prestadores de servicios médicos en complicidad con funcionarios del SENASA, quienes aprobaban los procedimientos sin una validación médica independiente. El objetivo era inflar las cifras de facturación y obtener pagos por servicios innecesarios o no prestados.
Estas acciones no solo ocasionaron pérdidas millonarias al sistema, sino que también expusieron a pacientes a riesgos médicos innecesarios, afectando la ética profesional y comprometiendo la calidad de la atención en el sistema de salud pública. El Ministerio Público sostiene que esta modalidad de fraude fue recurrente y coordinada como parte del entramado de corrupción aún bajo investigación.
