El caso SENASA se perfila como el mayor escándalo de corrupción en el sector salud de República Dominicana, con implicaciones judiciales, administrativas y sociales de gran alcance.
Santo Domingo. El caso que envuelve al Seguro Nacional de Salud (SENASA) ha sacudido al país por la magnitud del presunto fraude, el número de implicados y las consecuencias para el sistema de salud pública. A continuación, cinco puntos esenciales para comprender el alcance de esta investigación en curso.
1. Un fraude multimillonario al sistema de salud
El Ministerio Público estima que el desfalco en SENASA supera los 12 000 millones de pesos dominicanos, con fondos originalmente destinados a la cobertura médica de millones de ciudadanos en el régimen subsidiado. La investigación apunta a un esquema de corrupción estructurado que operó durante varios años.
2. Funcionarios y proveedores en el centro del caso
Entre los imputados figuran el exdirector de SENASA, Santiago Hazim, junto a al menos siete personas más, incluidos funcionarios y empresarios vinculados a contrataciones y servicios médicos. Según la Procuraduría, el entramado utilizaba instituciones públicas y privadas para canalizar recursos mediante contratos ficticios o sobrevalorados.
3. Cargos graves y corrupción sistemática
Los delitos imputados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, prevaricación, soborno, falsificación de documentos y lavado de activos. Las autoridades sostienen que el esquema operaba mediante un patrón de facturación fraudulenta, documentos alterados y creación de programas inexistentes.
4. Consecuencias para el sistema de salud
El presunto desfalco ha comprometido recursos esenciales del régimen subsidiado, afectando potencialmente la atención médica de millones de dominicanos de escasos recursos. SENASA se encuentra actualmente bajo revisión financiera, y entidades del sector salud han alertado sobre una posible crisis operativa.
5. Investigación en curso y presión social
El caso está a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), bajo la dirección del procurador adjunto Wilson Camacho. Hasta el momento, hay ocho personas detenidas y se prevé que aumente el número de implicados. La sociedad civil, partidos políticos y sectores profesionales demandan transparencia, sanciones ejemplares y recuperación del dinero sustraído.
Próximos pasos La audiencia de medidas de coerción ha sido aplazada para los próximos días, mientras el Ministerio Público continúa recolectando pruebas documentales y testimonios clave. El caso SENASA promete convertirse en un referente judicial en la lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana
