El Ministerio Público reveló que parte del esquema de corrupción que operaba en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) incluía la facturación de servicios médicos a personas fallecidas, en especial tratamientos de hemodiálisis, como mecanismo para justificar pagos irregulares a prestadores de salud.
Además, la acusación señala que en procedimientos cardiovasculares se presentaban informes clínicos falsos que incluían lesiones inexistentes o con tamaños desproporcionados, con el propósito de inflar los costos y justificar intervenciones quirúrgicas no verificables.
Estas prácticas habrían sido utilizadas de forma sistemática dentro de un esquema de fraude contra el sistema de salud pública, en el que participaban médicos, clínicas privadas y funcionarios del propio SENASA. El expediente destaca que esta modalidad no solo permitió el desvío millonario de fondos públicos, sino que puso en riesgo la integridad del sistema de registros médicos y la calidad del servicio ofrecido a los afiliados.
El Ministerio Público sostiene que los imputados recurrieron a estos métodos para legitimar pagos ilícitos, y que las irregularidades eran encubiertas con documentación manipulada y reportes médicos alterados, lo que evidencia una operación estructurada y sostenida en el tiempo.
