El Ministerio Público reveló que dentro del esquema de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), se incluyó la facturación de quimioterapias que nunca fueron suministradas a pacientes. Esta modalidad fue utilizada por prestadores de servicios médicos para desviar fondos del sistema público de salud.
Según la acusación, clínicas y proveedores vinculados al entramado presentaban registros de tratamientos oncológicos a nombre de pacientes reales, sin que estos hubiesen recibido el servicio o, en algunos casos, sin estar diagnosticados con cáncer. Los pagos eran aprobados por funcionarios de SENASA involucrados en la estructura fraudulenta.
El expediente señala que estas falsas quimioterapias eran justificadas con expedientes clínicos alterados, recetas manipuladas y reportes médicos falsos, con el objetivo de cobrar sumas elevadas por procedimientos inexistentes. Esta práctica permitió extraer millones de pesos del presupuesto de salud destinado a pacientes vulnerables.
El Ministerio Público califica esta acción como una de las más graves del caso, por el nivel de engaño, el aprovechamiento de enfermedades críticas y el impacto directo sobre recursos que debieron destinarse a tratamientos reales. Los implicados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, corrupción administrativa y lavado de activos.
