Santo Domingo.– Una sucesión de muertes violentas de mujeres registrada durante los primeros días de agosto ha vuelto a colocar los feminicidios en el centro de la preocupación nacional y reabre el debate sobre la capacidad de las instituciones para prevenir la violencia de género en República Dominicana.
Solo durante los primeros once días del mes, medios nacionales han documentado varios casos que han conmocionado al país, entre ellos las muertes de Neliza Figueroa, Nelqui Alejandra Rodríguez García y Génesis Brito.
La situación se produce en un año que ya presenta cifras preocupantes. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó el pasado 5 de agosto que durante 2026 se habían registrado al menos 57 feminicidios en el país.
El aumento de los casos vuelve a poner sobre la mesa una interrogante que trasciende las estadísticas: ¿qué está fallando en la prevención?
En mayo, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció que las instituciones habían fallado como sistema en materia preventiva y planteó la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta para que las mujeres en situación de riesgo puedan denunciar y recibir protección oportunamente.
Órdenes de alejamiento y nueva legislación
La discusión adquiere especial relevancia con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal el pasado 3 de agosto.
La legislación establece como delito la violación de órdenes de alejamiento incluso cuando no se haya producido una agresión posterior y contempla penas de entre dos y tres años de prisión por incumplir estas medidas de protección.
El nuevo Código Penal también diferencia entre feminicidio, feminicidio agravado y feminicidio conexo, estableciendo sanciones que en los casos más graves pueden alcanzar entre 30 y 40 años de prisión.
Sin embargo, el endurecimiento de las penas mantiene abierto el debate sobre si la respuesta debe concentrarse únicamente en castigar después del crimen o fortalecer los mecanismos de detección y protección antes de que la violencia termine en una muerte.
El desafío de prevenir antes de que sea demasiado tarde
Especialistas y autoridades han insistido durante años en factores como la identificación temprana de relaciones violentas, el seguimiento efectivo de las denuncias, el cumplimiento de las órdenes de protección y una mayor coordinación entre Policía, Ministerio Público y organismos de asistencia.
Los nuevos casos registrados en agosto vuelven a plantear la necesidad de conocer cuántas de las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores, cuántas contaban con órdenes de alejamiento y qué seguimiento recibieron de las instituciones.
Más allá del número de feminicidios, esas respuestas permitirían determinar dónde están las principales brechas del sistema dominicano de prevención de la violencia contra las mujeres.
