La defensa solicita anular la decisión que endureció la calificación penal y elevó de dos a veinte años la posible condena.
SANTO DOMINGO.– La defensa de Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera apeló la resolución que modificó la calificación jurídica del proceso penal relacionado con el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
Los abogados solicitaron a la Corte de Apelación del Distrito Nacional que revoque y declare nula la decisión adoptada por el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal, quien cambió la tipificación inicial de homicidio y golpes y heridas involuntarios por homicidio bajo la figura del dolo eventual.
La diferencia tiene importantes consecuencias. Bajo la calificación anterior, la pena máxima contemplada sería de dos años de prisión. La nueva imputación podría representar una condena de entre tres y veinte años si los procesados fueran declarados culpables.
El recurso argumenta que la resolución vulneró el principio de legalidad penal, la seguridad jurídica, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Los abogados sostienen, además, que durante la audiencia las partes querellantes tuvieron la oportunidad de replicar, pero a la defensa no se le permitió responder a esos planteamientos.
La representación legal también solicita que el expediente continúe bajo la calificación de homicidio y golpes y heridas involuntarios y que sea conocido por un tribunal unipersonal diferente al que emitió la decisión recurrida.
El cambio de imputación provocó que el proceso fuera remitido a la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional para la designación de un tribunal colegiado. El Primer Tribunal Colegiado fue seleccionado para conocer el juicio de fondo y fijó la primera audiencia para el 10 de diciembre.
El colapso del Jet Set ocurrió durante la madrugada del 8 de abril, mientras se desarrollaba una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por reclamaciones de las familias, demandas civiles y disputas sobre el grado de responsabilidad penal atribuible a los administradores del establecimiento.
La Corte deberá determinar ahora si admite la apelación y si mantiene o revoca la calificación de dolo eventual.
