Santo Domingo.– El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció que acudirá esta semana ante el Tribunal Constitucional para solicitar la revisión de disposiciones del nuevo Código Penal que, a juicio del gremio, podrían afectar el ejercicio profesional de los médicos en República Dominicana.
El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, informó que la organización cuestionará específicamente los artículos 9 y 12, al considerar que su aplicación podría generar consecuencias adversas para los profesionales de la medicina.
La iniciativa se produce apenas semanas después de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el pasado 3 de agosto, luego de que durante meses diferentes sectores profesionales y jurídicos expresaran cuestionamientos sobre algunas de sus disposiciones.
¿Qué preocupa a los médicos?
El punto central de la posición del CMD es el alcance que determinadas disposiciones penales podrían tener cuando se aplican a actuaciones realizadas durante el ejercicio de la medicina.
Suero advirtió que la normativa podría crear dificultades para los médicos en el desempeño de sus funciones y adelantó que el gremio buscará que el Tribunal Constitucional reevalúe las disposiciones cuestionadas.
La discusión adquiere especial relevancia porque la práctica médica implica decisiones profesionales que pueden producir consecuencias sobre la salud de los pacientes y que, dependiendo de las circunstancias, pueden generar responsabilidades civiles, disciplinarias o penales.
CMD lleva la discusión al terreno constitucional
La decisión significa que el conflicto dejará de limitarse al debate público y será llevado ante la jurisdicción constitucional.
El CMD, entidad legalmente facultada para representar a los médicos dominicanos, sostiene que tiene entre sus funciones defender los derechos de sus miembros y contribuir como organismo consultor del Estado en asuntos relacionados con la salud.
No es la primera controversia jurídica surgida alrededor del nuevo Código Penal. Antes de su entrada en vigor, diferentes sectores cuestionaron disposiciones relacionadas con el ejercicio profesional, libertad de expresión y otros derechos.
Ahora corresponderá al Tribunal Constitucional determinar, una vez formalmente apoderado y cumplidos los procedimientos correspondientes, si las disposiciones cuestionadas se ajustan a la Constitución.
