Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader informó que la Dirección General de Impuestos Internos mantiene en curso más de 40 auditorías a empresas de capital chino, con el propósito de determinar su situación fiscal y verificar si cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias.
El mandatario afirmó que todas las empresas que desarrollan actividades comerciales en la República Dominicana deben cumplir las leyes nacionales, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios.
Las fiscalizaciones se producen en medio de denuncias formuladas por organizaciones del comercio dominicano, que atribuyen a determinados establecimientos de capital chino posibles prácticas de evasión fiscal y competencia desleal.
La Federación Dominicana de Comerciantes ha reclamado una mayor supervisión de esos negocios. Su presidente, Iván García, asegura que existen más de mil establecimientos de capital chino operando en el país y sostiene que parte de ellos no enfrenta las mismas cargas tributarias, laborales y regulatorias que el comercio formal dominicano.
Estas afirmaciones corresponden a denuncias del sector comercial y deberán ser comprobadas mediante las auditorías realizadas por las autoridades. Hasta el momento, no se han divulgado resultados definitivos que permitan establecer que todas las empresas investigadas cometieron irregularidades.
Las revisiones buscan comprobar el pago de impuestos, la aplicación de los sistemas de facturación, el origen y valor declarado de las mercancías y la correspondencia entre las importaciones realizadas y las ventas reportadas por los establecimientos.
El director general de Impuestos Internos, Pedro Porfirio Urrutia, había informado que más de 60 empresas de capital chino han sido fiscalizadas y que otros establecimientos permanecen bajo vigilancia.
Urrutia explicó que la DGII trabaja coordinadamente con la Dirección General de Aduanas y, dependiendo de cada caso, con el Ministerio de la Vivienda, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Migración.
El funcionario también señaló que algunas situaciones podrían superar el ámbito de la evasión tributaria y llegar a ser investigadas como posibles operaciones de lavado de activos. Sin embargo, cualquier responsabilidad deberá establecerse individualmente y mediante los procedimientos previstos por la legislación dominicana.
Las autoridades han aclarado que las fiscalizaciones no constituyen una acción contra toda la comunidad empresarial china, sino un proceso dirigido a comprobar el cumplimiento de las normas por parte de establecimientos específicos.
El Gobierno indicó que las empresas donde no se detecten irregularidades podrán continuar sus operaciones normalmente. En los casos donde se comprueben incumplimientos fiscales, aduaneros o comerciales, se aplicarán las sanciones correspondientes.
Las auditorías forman parte de las medidas adoptadas por el Estado para combatir la evasión fiscal, proteger al comercio formal y garantizar condiciones de competencia equitativas para todas las empresas que operan en la República Dominicana.
