Santo Domingo.– Los recientes casos de feminicidios registrados en República Dominicana han vuelto a colocar en el centro de la discusión nacional una pregunta que trasciende el endurecimiento de las penas: ¿qué está fallando en los mecanismos destinados a proteger a una mujer antes de que la violencia termine en muerte?
La preocupación aumenta después de que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informara el pasado 5 de agosto que al menos 57 feminicidios se habían registrado en el país durante 2026.
A esto se suman nuevos casos ocurridos durante los primeros días de agosto, que han provocado indignación y reactivado los reclamos para fortalecer la prevención.
De la denuncia a la protección efectiva
República Dominicana dispone de fiscalías especializadas, órdenes de protección y alejamiento, líneas de asistencia y diferentes mecanismos institucionales para responder ante situaciones de violencia.
Sin embargo, uno de los grandes desafíos sigue siendo determinar qué ocurre después de que una mujer denuncia.
¿Cuánto tarda en recibir protección? ¿Quién verifica que el agresor cumpla una orden de alejamiento? ¿Qué sucede cuando existen amenazas reiteradas? ¿Cómo se determina que una víctima se encuentra en riesgo extremo?
Estas preguntas cobran especial relevancia ante casos en los que las autoridades tienen conocimiento previo de situaciones de violencia.
No obstante, establecer cuántas de las víctimas recientes habían presentado denuncias o contaban con órdenes de protección requiere información oficial individualizada, por lo que no debe asumirse que todas habían acudido previamente a las autoridades.
Nuevo Código Penal endurece consecuencias
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano introdujo cambios importantes relacionados con la violencia contra las mujeres.
La legislación tipifica distintas modalidades de feminicidio y establece penas que pueden alcanzar hasta 40 años de prisión en los casos más graves.
También convierte en delito el incumplimiento de una orden de alejamiento, incluso cuando posteriormente no se produzca una nueva agresión.
El cambio fortalece las herramientas para perseguir a quienes incumplen medidas de protección, pero mantiene abierta otra discusión: ¿es suficiente aumentar las penas si el sistema no logra identificar y detener a tiempo una situación de alto riesgo?
Faride Raful reconoció fallas en prevención
La propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció meses atrás que las instituciones habían fallado como sistema en materia preventiva frente a los feminicidios.
Sus declaraciones colocaron el énfasis en la necesidad de mejorar la coordinación entre los organismos responsables y fortalecer los mecanismos que permitan intervenir antes de que ocurra una tragedia.
El reto involucra al Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, sistema judicial y demás instituciones que intervienen desde que se presenta una denuncia.
El dato que falta
Para dimensionar realmente el problema, República Dominicana necesita conocer no solamente cuántas mujeres han sido víctimas de feminicidio, sino también cuántas habían denunciado previamente a sus agresores, cuántas tenían órdenes de protección y qué seguimiento recibieron.
Esos datos permitirían identificar dónde se rompe la cadena de protección y qué mecanismos necesitan ser reforzados.
Mientras continúan registrándose casos, el debate nacional vuelve a situarse en un punto esencial: no basta con castigar al agresor después de un feminicidio; el objetivo fundamental debe ser impedir que la víctima llegue a convertirse en una nueva estadística.
