Santo Domingo.– El caso SeNaSa entra en una nueva etapa judicial con la solicitud del Ministerio Público de una prórroga de cuatro meses para completar la investigación y preparar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros imputados vinculados al proceso.
La petición busca extender el plazo disponible para que los fiscales concluyan las diligencias pendientes antes de presentar formalmente su acusación.
El tribunal deberá determinar si existen razones suficientes para conceder el tiempo adicional solicitado por el órgano persecutor.
El expediente atribuye a los imputados la presunta participación en un esquema de irregularidades que habría provocado pérdidas multimillonarias al Estado dominicano.
Las cifras atribuidas al supuesto fraude han aumentado conforme ha avanzado la investigación. Las autoridades han situado posteriormente el monto investigado por encima de los RD$19,000 millones.
Estas imputaciones forman parte de la investigación del Ministerio Público y deberán ser demostradas durante el proceso judicial. Los imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
¿Por qué el Ministerio Público quiere cuatro meses más?
La solicitud de prórroga permitiría a los fiscales continuar recabando y analizando documentación, evidencias financieras y otros elementos necesarios para estructurar la acusación formal.
Por la dimensión del expediente, la cantidad de imputados y el volumen de las operaciones investigadas, el Ministerio Público sostiene que necesita tiempo adicional para completar las diligencias.
La decisión del tribunal es relevante porque establecerá el calendario de la próxima fase del proceso.
Si la prórroga es concedida, el Ministerio Público dispondrá de cuatro meses adicionales para concluir la investigación y depositar su acusación. La defensa de los imputados, por su parte, continuará ejerciendo los recursos y mecanismos establecidos por la legislación procesal penal.
El caso mantiene una especial atención pública por involucrar al Seguro Nacional de Salud, principal asegurador público del país y responsable de la cobertura sanitaria de millones de dominicanos.
La decisión judicial sobre la extensión solicitada marcará el próximo movimiento de uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa de mayor impacto económico actualmente bajo investigación en República Dominicana.
