SANTO DOMINGO.– La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto retomar este lunes, a partir de las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción contra 25 personas imputadas en la investigación denominada Operación Cobra 2.0-A, vinculada con presuntas irregularidades cometidas en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el proceso sea declarado complejo, debido a la cantidad de personas involucradas, el volumen de las evidencias y las distintas operaciones investigadas.
La solicitud de medida de coerción fue depositada a las 11:55 de la noche del sábado y contiene 525 páginas en las que el órgano acusador presenta los hechos y elementos que, según sostiene, vinculan a los investigados con el presunto fraude.
La nueva fase de la Operación Cobra involucra a médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas relacionadas con el sector. Las autoridades los señalan como presuntos participantes en maniobras irregulares que habrían provocado pérdidas superiores a RD$40 millones a SeNaSa.
La acusación se encuentra en una etapa preliminar. Por tanto, corresponderá al tribunal evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público y determinar si existen razones suficientes para imponer prisión preventiva u otras medidas mientras avanzan las investigaciones.
El expediente fue depositado por un equipo de fiscales encabezado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz. También participaron los fiscales Yudelka Holguín, Héctor García, Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
Los arrestos fueron ejecutados durante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. De acuerdo con el Ministerio Público, en los operativos participaron 45 fiscales y alrededor de 200 agentes policiales.
Durante la audiencia, las defensas podrán responder a las imputaciones y solicitar medidas menos severas. Los involucrados mantienen la presunción de inocencia hasta que se produzca una sentencia definitiva.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los controles aplicados a los servicios facturados al sistema público de salud y el uso de los recursos destinados a garantizar cobertura médica a millones de afiliados.
