El abogado de Hugo Beras Goico Ramírez, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, declaró este viernes que su cliente está dispuesto a enfrentar las acusaciones de corrupción y crimen organizado que le imputa el Ministerio Público, relacionadas con el contrato para la gestión de la red de semáforos del Gran Santo Domingo, firmado entre el Intrant y la empresa Transcore Latam.
«Dentro de lo que cabe, él está bien y con el ánimo de enfrentar y de darle respuesta a esto. Sobre todo, que es lo que a él más le preocupa, demostrarle al país que él es un hombre serio, honesto, inocente, y eso se va a producir», aseguró Luis Rivas tras acudir al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El jurista se mostró confiado en que al exfuncionario se le otorgue la libertad pura y simple, ya que «no hay posibilidad de que él haya cometido los hechos que se le están imputando».
«Si le aplicamos los presupuestos fundamentales de una medida de coerción, lo que se impondría es una libertad pura y simple del señor Hugo Beras, y que él enfrente el juicio en libertad. Tiene arraigo familiar y económico, que son los presupuestos», explicó.
Además, Rivas instó a los miembros de la prensa a dar seguimiento al caso Camaleón, argumentando que, hasta ahora, solo se conoce la versión de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
«No importa todo el espectáculo ni el show mediático que se ha hecho, yo sí quisiera que ustedes le dieran seguimiento, porque hasta ahora a lo que se le ha dado seguimiento es a la versión del Ministerio Público, pero denle seguimiento que le garantizo que el país completo se irá de espaldas», expresó.
Otros imputados
Además de Hugo Beras, la Pepca vincula al proceso y mantiene detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, desde la noche del pasado miércoles, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), presidente de Transcore Latam; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas, a la espera de que se les conozcan medidas de coerción.
El grupo también es acusado de coalición de funcionarios, asociación de malhechores, comercio ilícito y estafa en perjuicio del Estado dominicano.
Los tipos penales contra los siete están contenidas en la orden de arresto número 2024-AJ0020784 que, a solicitud del procurador Camacho, emitió la jueza del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Fátima Scarlette Veloz Suárez, en la que se declara la investigación por la comisión en violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución; los artículos 123 y 124, 147, 150 y 151 171 y 172, 265 y 266 y 405 del Código Penal.
Los artículos 11, 17, 27 y 28 de la Ley 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Artículos 5, 33, 34, 35, 36 de la Ley 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. Artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 de la Ley 55-17, de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Artículos 5 y 8, letra F, de la Ley 267-08, sobre Terrorismo.
Beras y a Gómez fueron arrestados tras la Pepca allanar sus residencias la noche del pasado miércoles.